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Juana Rivas se querella contra el juez que la condenó alegando "maltrato institucional" La defensa de Juana Rivas ha presentado este viernes una querella por presunto "maltrato institucional" contra el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, que la condenó inicialmente a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores de edad después de que los sacara de Italia en 2016 sin permiso paterno y los trajera a España. Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/noticia-juana-rivas-querella-contra-juez-condeno-alegando-maltrato-institucional-20220729105401.html (c) 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

La Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia (ADIMA) se inventó una carta para pedir 15 años de cárcel para un padre por abusos sexuales a su hijo.

El TSJA ha condenado a Servicios Sociales por certificar falsos abusos de un padre divorciado a su hijo que pasó más de 3 años en prisión preventiva.

La Junta de Andalucía encargó la evaluación a ADIMA, una asociación contra el maltrato que, según la sentencia, "dirigió" la declaración del menor.

Un personaje televisivo convoca a sus fans para sabotear a la Policía e intentar retener a su hija de dos años a la que se llevó de Valladolid a Alicante.

El Supremo rechazó por unanimidad el recurso contra el indulto concedido por el Gobierno a la malagueña condenada a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores.

El préstamo se usó para financiar la empresa de la que se obtenían los rendimientos para sustentar a la familia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo avala así la medida de gracia otorgada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La sentencia razona que el plazo fijado legalmente cumple un fin legítimo.

"Ella se mirará en el espejo ahora y se sentirá muy insegura", le reprochó la mujer al niño.

El tribunal rechaza anular el artículo 92.7 del Código Civil, cuestionado en un caso en que hubo denuncias cruzadas entre los progenitores.

La magistrada les explica en qué consiste el proceso.

Justicia rebaja la pena a la expresidenta de Infancia Libre e Igualdad lo celebra como una victoria del feminismo. Mientras, la Fundación ANAR alerta de que el delito de secuestro parental aumentó un 48,5% en el último año.

Artículo de Natalia Velilla en hayderecho.com. No es la primera vez que el legislador pretende solucionar un problema social a través de atajos legales. El Tribunal Constitucional ya lo dijo en la Sentencia de Pleno nº 185/2012, de 17 de octubre ­en la que se declaró nulo el inciso «favorable», al considerar que la exigencia del “informe favorable del Ministerio Fiscal”, del artículo 92.8 Código Civil para conceder la guarda y custodia compartida, era contraria a lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española. Entendió el tribunal que se limitaba injustificadamente la potestad jurisdiccional que este precepto otorga con carácter exclusivo al Poder Judicial. El Alto Tribunal declaró que la vinculación del Juez al informe del Fiscal infringía el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, pues al depender el pronunciamiento judicial de tal dictamen, se menoscaba el derecho a obtener una resolución sobre el fondo.

Además de la prisión permanente por el asesinato del menor, el Supremo condena a Ana María Baños a tres años lesiones psíquicas a su ex pareja y padre de la víctima.

La madre de Maracena no podrá delinquir en tres años y tendrá que hacer cursos de "parentalidad positiva".

Ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie.

La mujer medicaba en exceso al pequeño en su obsesión por sobreprotegerlo. Esta enfermedad se considera una forma de maltrato. El pequeño se encuentra con una familia de acogida.

A través de su sentencia de 9 de febrero de 2022, la Audiencia Provincial de Almería haconfirmado la condena en costas a una madre que se opuso, con mala fe, a la custodia compartida de sus hijos.

La acreditación es administrativa, no tiene consecuencias judiciales y sirve para acceder a la red de protección.

Su abogado asegura que "se desmontan uno a uno todos los bulos y falsedades en los que el juez Piñar sustenta su injusta decisión".

Siete de cada diez denuncias fueron presentadas directamente por la víctima; familia y entorno apenas presentaron un 1,63 % del total.

Fuentes jurídicas consultadas por LD confirman que el informe del juez Piñar sobre los abusos al menor jamás fue remitido por Justicia al Supremo.

Alude a presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos estando bajo la custodia de Juana Rivas.

Se trata de un “acto aislado de una importancia relativa o leve”, que se contextualiza “en los problemas caracterológicos de ambos cónyuges, en la confrontación y la divergencia relacional”.