Quien ha cargado duramente contra «los operadores judiciales» (jueces, fiscales y letrados) no ha sido sólo un alto dirigente de una formación de izquierdas radical como Podemos, sino un miembro del Gobierno de España, lo que supone un grosero y falaz ataque del Ejecutivo socialcomunista al Poder Judicial.
Artículo de Víctor Moisés Meño. Superbia Jurídico penal.
Nota previa: (En julio y agosto de 2017, varios diarios digitales publicaron este artículo de nuestro colaborador, el ex fiscal y juez don Ramiro Grau Morancho.– Rápidamente colectivos feministas se le echaron encima, diciéndole de todo, menos guapo.– Los hechos son tozudos, y la verdad es la verdad, y así ha quedado acreditado, casi tres años después, con la desestimación de las ocho últimas denuncias que esta individua había realizado contra su ex marido en Italia.– No queremos pensar mal, pero seguramente el resultado de esas denuncias hubiera sido muy distinto en España, pues aquí el varón entra ya prácticamente condenado al Juzgado… Recientemente la fiscalía española le rebajó la petición de cárcel de cinco años a dos años y medio, algo realmente sorprendente, intentado librarla de la cárcel, como sea.– ¡No queremos pensar que Juana vaya a encabezar las manifestaciones feministas del próximo 8 de marzo, como adalid de las denuncias falsas…!).
Artículo de Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández. Abogado.
La mujer deberá pagar una multa de 1.200 euros por un delito de acusación falsa y de falso testimonio al denunciar falsamente a su marido.
Con estas sencillas palabras quedó vista para sentencia hace 10 días, y este lunes definitivamente archivada, la denuncia por presuntos abusos sexuales a su hija contra Daniel I.Aguirre, uno de los padres afectados por el Caso Infancia Libre, denunciados instrumentalmente, sostiene la Policía, para ser apartados de sus vástagos.
Sánchez anunció este jueves que recurrirá ante los tribunales su puesta en marcha en la Región de Murcia.
Los escenarios que pueden presentarse en cada familia son tan distintos y cambiantes que a veces hace falta ingeniería jurídica para dar una solución adecuada a todos los intereses en juego. Además, se requiere la necesaria agilidad por parte del juzgado para resolver la situación, porque una respuesta tardía es un foco de conflicto permanente entre los progenitores.
Fue en el año 1993 cuando empezamos a oir hablar de los “planes de pensiones”. Fue toda una sorpresa pues el Estado había asegurado que garantizaría la suficiencia económica de las personas mayores durante la tercera edad (Art. 50 Constitución Española). Además, estábamos eufóricos. El año 1992 se celebraron en Barcelona las Olimpiadas y la “Expo” de Sevilla. No resultaba imaginable mayor “poderío” y entonces el Gobierno, con la boca pequeña, empezó a dejar caer que en lo relativo a las pensiones quizás no pudiera con tanto, que a lo sumo se comprometía a proporcionar unos “mínimos decentes”.
La medida estrella del recién estrenado gobierno ha sido actuar contra el "pin parental". ¿Qué es?
Dos testigos de las supuestas violaciones en Murcia, en la habitación de al lado, sólo oyeron "risas de las denunciantes"
El escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido presentado en la Audiencia Provincial de Burgos. La defensa reclama que se ha "vulnerado" el derecho de presunción de inocencia y que se toma como "única" la declaración de la menor pese a haber testigo.
El TS declara que la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio, pues el legislador no ha considerado oportuno ni siquiera que la admisión de la demanda de separación o divorcio tenga como efecto inmediato la extinción del régimen económico matrimonio. Por tanto, la pretensión de declarar extinguida la sociedad de gananciales en fecha anterior a la de la sentencia de divorcio únicamente opera ante reclamaciones contrarias a la buena fe.
La modelo de 24 años, Luisa Kremleva, que a comienzos de junio del año 2017 denunció por agresión sexual al futbolista Theo Hernández, fue detenida este lunes y acusada principalmente de una simulación de delito.
"Les ofrezco la posibilidad de vernos en el campo de batalla, donde separaré sus almas de su cuerpo", declaró.
"La indemnización no es como la de un accidente de coche. Suelen ofrecer asistencia médica y psicológica", según explica Katia Estace, directora de Aon Travel
La Dirección General de Tributos (DGT) ha respondido a la cuestión que planteaba la posibilidad de deducción por maternidad en el caso de matrimonio formado por dos mujeres.
El tribunal ve una "auténtica falta de interés" y "abandono" y recoge el deseo del menor de no mantener relación por ser "un extraño"
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que la llamada realizada al teléfono de una víctima de violencia de género por quien tiene prohibido comunicarse con ella, aunque no fuera atendida por ésta, constituye un delito de quebrantamiento de condena.
Vision, Unicef y Naciones Unidas reclaman al Gobierno español y a sus partidos políticos "consenso" para aprobar el proyecto de ley integral contra la violencia sobre los menores.
Los datos obtenidos en el Estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española identifican el estrés y la tensión como el principal factor de riesgo en el ejercicio de la profesión.
El español Alberto Encinas logró este lunes recuperar a su hija Olivia, la niña de Pollença (Mallorca) que estuvo ocho años secuestrada por su madre, una mujer polaca, pese a la sentencia judicial que le a él daba la custodia.
El detonante pudo haber sido una denuncia que su actual pareja, una mujer de Alicante, de 44 años, le interpuso el 15 de noviembre pasado ante una comandancia de la Guardia Civil.
Segundo número de nuestro Newsletter, en el que recogemos artículos y temas de actualidad jurídica que, esperamos, arrojen algo de luz al siempre complejo lenguaje jurídico.
La Policía argumenta que funcionaba como una trama criminal y animaba a las madres a denunciar a sus exparejas acusándolas de abusar de sus hijos.
Se prevé que en las próximas semanas declaren el resto de detenidas por la Policía.
Una sentencia del Tribunal Supremo considera que no se puede extender el permiso retribuido previsto en el convenio colectivo para matrimonios a las parejas de hecho u otros modelos de convivencia familiar continuada.
Además de la solicitud de cárcel, le pide la inhabilitación de la patria potestad por un período de cinco años.
Despachos y fiscalistas denuncian el temor de sus clientes ante la defensa de Hacienda de la armonización tributaria entre comunidades.
La resolución, de la Audiencia Provincial de Salamanca, rechaza el recurso de una mujer que pedía que su expareja duplicase la manutención que pasaba a su hija menor (de 200 a 400 euros al mes) por el traslado a Madrid.