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Decenas de casas, fincas, joyas o cuentas bancarias van a parar a manos del Estado cuando no se encuentra al heredero legítimo de una herencia. El valor de ese legado perdido supera los 100 millones de euros al año en nuestro país donde cuatro de cada diez personas fallecen sin haber otorgado testamento, según datos del Consejo General del Notariado.

Quien ha cargado duramente contra «los operadores judiciales» (jueces, fiscales y letrados) no ha sido sólo un alto dirigente de una formación de izquierdas radical como Podemos, sino un miembro del Gobierno de España, lo que supone un grosero y falaz ataque del Ejecutivo socialcomunista al Poder Judicial.

Artículo de Víctor Moisés Meño. Superbia Jurídico penal.

Nota previa: (En julio y agosto de 2017, varios diarios digitales publicaron este artículo de nuestro colaborador, el ex fiscal y juez don Ramiro Grau Morancho.– Rápidamente colectivos feministas se le echaron encima, diciéndole de todo, menos guapo.– Los hechos son tozudos, y la verdad es la verdad, y así ha quedado acreditado, casi tres años después, con la desestimación de las ocho últimas denuncias que esta individua había realizado contra su ex marido en Italia.– No queremos pensar mal, pero seguramente el resultado de esas denuncias hubiera sido muy distinto en España, pues aquí el varón entra ya prácticamente condenado al Juzgado… Recientemente la fiscalía española le rebajó la petición de cárcel de cinco años a dos años y medio, algo realmente sorprendente, intentado librarla de la cárcel, como sea.– ¡No queremos pensar que Juana vaya a encabezar las manifestaciones feministas del próximo 8 de marzo, como adalid de las denuncias falsas…!).

Artículo de Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández. Abogado.

La mujer deberá pagar una multa de 1.200 euros por un delito de acusación falsa y de falso testimonio al denunciar falsamente a su marido.

Con estas sencillas palabras quedó vista para sentencia hace 10 días, y este lunes definitivamente archivada, la denuncia por presuntos abusos sexuales a su hija contra Daniel I.Aguirre, uno de los padres afectados por el Caso Infancia Libre, denunciados instrumentalmente, sostiene la Policía, para ser apartados de sus vástagos.

Sánchez anunció este jueves que recurrirá ante los tribunales su puesta en marcha en la Región de Murcia.

Los escenarios que pueden presentarse en cada familia son tan distintos y cambiantes que a veces hace falta ingeniería jurídica para dar una solución adecuada a todos los intereses en juego. Además, se requiere la necesaria agilidad por parte del juzgado para resolver la situación, porque una respuesta tardía es un foco de conflicto permanente entre los progenitores.

Fue en el año 1993 cuando empezamos a oir hablar de los “planes de pensiones”. Fue toda una sorpresa pues el Estado había asegurado que garantizaría la suficiencia económica de las personas mayores durante la tercera edad (Art. 50 Constitución Española). Además, estábamos eufóricos. El año 1992 se celebraron en Barcelona las Olimpiadas y la “Expo” de Sevilla. No resultaba imaginable mayor “poderío” y entonces el Gobierno, con la boca pequeña, empezó a dejar caer que en lo relativo a las pensiones quizás no pudiera con tanto, que a lo sumo se comprometía a proporcionar unos “mínimos decentes”.

La medida estrella del recién estrenado gobierno ha sido actuar contra el "pin parental". ¿Qué es?

Dos testigos de las supuestas violaciones en Murcia, en la habitación de al lado, sólo oyeron "risas de las denunciantes"